La educación en mujeres latinoamericanas: su limitación por la insostenibilidad de la vida
Education of Latin American women is limited due to the unsustainability of life
A educação das mulheres latino-americanas, é limitada pela insustentabilidade da vida
1Yanely Barrientos-Leliebre*
2Edeymis Cristóbal-Ramírez
1Universidad Raúl Gómez García. Guantánamo. Cuba. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4696-7201
2Universidad Raúl Gómez García. Guantánamo. Cuba. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8435-1929
*Autor para la correspondencia: yleliebre@cug.co.cu
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Resumen El acceso de mujeres latinoamericanas a la educación se limita por la insostenibilidad de la vida que genera factores socioeconómicos y prácticas patriarcales como son: incremento de la pobreza, limitación al mercado de trabajo, sobrecarga en el trabajo de cuidado y la violencia de género; resquebrajándose un derecho humano y universal para todos, la educación. Lo investigado por las autoras, devela los desafíos que aún están pendientes en la región para lograr una educación inclusiva; lo anterior, se apoya en la recopilación de datos, principalmente cuantitativos, extraídos de diferentes fuentes de información primarias y secundarias como son: CEPAL, UNESCO, ONU, OIT. Palabras clave: insostenibilidad de la vida; educación; pobreza extrema; violencia de género |
Abstract The access of Latin American women to education is limited by the unsustainability of life generated by socioeconomic factors and patriarchal practices such as: increased poverty, limitations of the labor market, care work overload and gender violence; infringing a human and universal right for all: Education. The present research reveals the challenges that have yet to be addressed in the region in order to achieve inclusive education. The aforementioned is supported by data compilation, mainly, quantitative data taken from different primary and secondary information sources, such as: ECLAC, UNESCO, UN, ILO. Key words: unsustainability of life; education; extreme poverty; gender violence |
Resumo
O acesso de mulheres latino-americanas à educação é limitado pela insustentabilidade de vida, gerada por fatores socioeconomicos e praticas patriarcais como, aumento da pobreza, limitação do mercado de trabalho, sobrecarga no trabalho de cuidado e violencia de gênero; violando um direito humano e universal para todos, a educação. O resultado da pesquisa revela os desafíos que ainda estão pendentes na região para alcançar a educação inclusiva; a pesquisa se apoia na coleta de dados, principalmente quantitativos, extraídos de diferentes fontes primarias e secundarias de informação como: CEPAL, UNESCO, ONU,OIT
Palavras-chave: insustentabilidade da vida; educação; pobreza extrema; violencia de gênero
Introducción
En el contexto latinoamericano, el incremento de la pobreza, la limitación al mercado de trabajo, la sobrecarga en el trabajo de cuidado y la violencia hacia las mujeres, son resultados de políticas neoliberales y prácticas patriarcales que naturalizan, legitiman y reproducen la insostenibilidad de la vida en grupos vulnerables, el de mujeres es uno de ellos; factores que limitan el acceso de las mismas a las instituciones educativas, resquebrajándose un derecho universal para cualquier ser humano, la educación.
De ahí que, el feminismo revolucionario está (…) replanteando los análisis de: la concepción del trabajo (…) realizado por las mujeres y el desarrollo de nuevos enfoques que permitan el análisis global de la sociedad manteniendo como objeto central la sostenibilidad de la vida humana, el bienestar y la calidad de vida de las personas. (Alfonso, 2020). De esta forma, nace la Economía Feminista que representa la construcción de un paradigma alternativo desde la perspectiva de la producción y reproducción de la vida, desde el cual se puede analizar la cuestión de las desigualdades entre hombres y mujeres, “precisamente en el punto de conexión entre condiciones de vida y condiciones de trabajo” (Picchio, 2005)
El cambio en la lógica productiva y reproductiva para la vida, supone un cambio cultural en la actitud hacia el trabajo, no de manera espontáneo ni impositiva, sino creando las condiciones para ampliar el carácter social del trabajo humano. Restablecer el trabajo productivo y reproductivo como principal criterio de distribución, reconocimiento e inclusión social, es un reto. Crear y construir un nuevo modo de vida, una nueva forma de existencia, organización e interrelaciones sociales, sin jerarquías discriminatorias y excluyentes, sin diferencias polarizantes, con interrelaciones sociales de solidaridad basadas en la equidad, con justicia y oportunidades para todas y todas, con el reconocimiento y respeto de las diferentes identidades, culturas, modos de vida, costumbres, inclinaciones sexuales, creencias religiosas, etcétera; con modos de producción, reproducción y acumulación que procuren armonizar la sociedad y la naturaleza. Todo esto se resume y proyecta en la propuesta y apuesta a un mundo de relaciones humanas verdaderamente emancipadas. (Alfonso, 2020).
Instrumentos internacionales como: La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26 plantea: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”; también El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), en el artículo 13, esboza una concepción similar, ambos ratifican la educación como un derecho. Asimismo, se confirma en diversos tratados internacionales y regionales creados para proteger a este grupo social: La Convención sobre la eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) en el artículo 6 y 10 así lo precisa; La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), reproduce la necesidad de lograr la accesibilidad, gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza en las niñas y los niños. Por su parte, la Declaración Mundial de la Educación para Todos, realizada en 1990 en Jomtien, ratifica la necesidad de acceso de niños, jóvenes y adultos a la educación; la misma fue reafirmada por los participantes durante el Marco de Acción de Dakar en el año 2000.
A la par, el reclamo a la educación ha estado presente en la lucha feminista a lo largo de la historia. Dentro de sus hitos fundamentales se encuentran, en la región, Sor Juana Inés de la Cruz, considerada la primera feminista en América Latina y el Caribe en el siglo XVII; la monja mexicana en su carta Respuesta a Sor Filotea de la Cruz (1691), manifiesta el derecho de la mujer por la libertad intelectual, por su educación. En tanto, a nivel global en el siglo XVIII, la inglesa Mary Woollstonecraft con su obra: Vindicación de los Derechos de la mujer, reclama este derecho. Las reflexiones de ambas pensadoras, favorecen la irrupción de nuevos debates que expresan formas de pensar y actuar diferentes para la época y que cuestionan la enajenación educativa a que eran sometidas, las mujeres; lucha que se mantiene hasta la actualidad mediante diversos movimientos de mujeres y feministas que reclaman los derechos universales para todas y todos, dentro de los cuales se encuentran los educativos.
En perspectiva histórica, el compromiso internacional con “educación para todos” no es sino el estado actual de un largo proceso de la comunidad internacional y los gobiernos por extender el derecho a la educación de las personas, dotarlo de contenido sustantivo y hacerlo cada vez más exigible. En este proceso, la propia noción del derecho a la educación se ha ido transformando, desde la noción de educación obligatoria hacia una más ambiciosa y multidimensional. (UNESCO y UNICEF, 2008)
En el monitoreo y transformación de esta realidad a nivel mundial y regional, viene jugando un rol fundamental la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cual lidera a nivel internacional y regional los retos y desafíos para una educación inclusiva y, con igualdad de género como principio.
La Organización, define la educación como un derecho humano para todos a lo largo de toda la vida y que el acceso a la instrucción debe de ir acompañado de calidad; generándose así contradicciones, con las políticas sociales que los Estados determinan en materia educativa y con las prácticas patriarcales que tradicionalmente se han construido en el imaginario social en relación a los derechos ciudadanos de la mujer.
En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contribuyen a la eliminación de nudos estructurales que generan la disparidad educativa por razón de etnia, raza, sexo, grupo social, creencias religiosas, zona de residencia, etcétera; no podrá haber jamás Desarrollo Sostenible, si las Naciones y Estados no garantizan a todas y todos la Educación como factor clave para la emancipación humana; de ahí, el diseño del ODS4, encaminado a que los Estados nacionales, reconozcan la educación como un derecho, en condiciones de igualdad a todos los niveles de la enseñanza; desafío que es ratificado en la Conferencia Mundial sobre Educación, celebrada de forma virtual durante los días del 17 al 19 de mayo de 2021 organizada por la UNESCO, en cooperación con el apoyo del Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania, y con la Comisión Alemana para la UNESCO como socio asesor.
La Conferencia tuvo como principal objetivo resaltar el papel crucial de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS); impulsar la EDS en las diversas naciones y reconstruir los impactos que la pandemia del Covid 19 impone y que provocan que retrocedan los logros que en materia educativa se habían alcanzado en la región.
Estas y otras problemáticas sociales, han fortalecido el decisivo accionar revolucionario y transformador de diversos movimientos en América Latina, en especial de mujeres y feministas, que, desde las diversas maneras de hacer, cotidianamente articulan praxis y saberes que contribuyen a superar las históricas problemáticas que fortalecen hoy, la insostenibilidad de la vida en las mujeres latinoamericanas y que limitan su acceso a las disímiles instituciones educativas y niveles de enseñanza.
Es por ello que, el movimiento de mujeres y feministas, junto a las Organizaciones Internacionales y Regionales, la Sociedad Civil y otros actores sociales, impulsan alternativas autóctonas y emancipadoras contra las crisis civilizatorias que el neoliberalismo y el modelo patriarcal imponen, en todos los sectores de la sociedad y en la vida común, en especial la educación para las mujeres; cuestión que se agudiza con los efectos de la Covid 19; alejándose aún más, la instrucción de las mismas por razones políticas, socioeconómicas, culturales y epidemiológicas.
Materiales y método
El estudio realizado es fundamentalmente descriptivo; constituye un acercamiento a la situación de insostenibilidad que viven las mujeres en la actualidad lo cual limita su educación y el de la familia; lo anterior, se apoya en datos, principalmente cuantitativos, extraídos de diferentes fuentes de información primarias y secundarias como son: CEPAL, UNESCO, ONU, OIT y en posicionamientos feministas que ensanchan el debate contemporáneo sobre los desafíos actuales en la Región de América Latina y el Caribe. El artículo se estructuró en tres etapas. En la primera, se define la educación como un derecho humano y gratuito, lo cual se recoge en los artículos de numerosos instrumentos y tratados internacionales y regionales; igualmente, se destaca la participación histórica femenina en la lucha por conquistar este derecho. En la segunda etapa se realiza una breve caracterización, mediante las diversas fuentes consultadas, de cómo los factores socioeconómicos determinados, influyen negativamente en la educación de las mismas; en tanto, se asumen posiciones feministas que contribuyen a la actualización y comprensión del problema planteado. Por último, se concluye con la reflexión de las autoras sobre la problemática investigada; lo cual pudiera ser punto de partida para reflexionar desde el feminismo latinoamericano, en el objetivo común que nos une, la educación inclusiva y con calidad de todas y todos.
Resultados y discusión
Aunque parezca ficción, para determinados grupos sociales todavía es, el derecho a la educación, un reclamo; los modelos de desarrollo económicos y sociales imperantes, no proporcionan solución a esta problemática, que requiere del esfuerzo común de todas y todos para emprender acciones concretas que conduzcan a la paridad educativa; eliminar las barreras estructurales y culturales que frenan este propósito, es esencial.
El Informe regional sobre el avance en la aplicación de la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, durante la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (enero de 2020) reconoció que la situación de las mujeres actualmente es insostenible y que es resultado de cuatro nudos estructurales que determinan la inequidad entre los géneros en Latinoamérica.[1] (CEPAL, 2017). Inequidad que conlleva a la exclusión, marginación, explotación y violencia de las mismas en lo económico, social, político, cultural, ambiental y familiar; como consecuencia, la educación se convierte en utopía para millones de mujeres en el mundo y en Latinoamérica; esfumándose las esperanzas de lograr una formación básica y de calidad; entre otros factores, por la mercantilización de la enseñanza que tiene como esencia, las ganancias y el incremento del capital y estereotipos machistas que se encuentran naturalizados en las subjetividades no sólo de los hombres, sino también de mujeres, que no logran aun, alcanzar beligerancia ideológica para luchar por sus derechos humanos.
Los nuevos tiempos reclaman reflexiones y políticas públicas que contribuyan a que las nuevas agendas y prácticas educativas tengan como centro, el aprendizaje y el bienestar humano. Sin embargo, la insostenibilidad de la vida actual en las mujeres nos excluye por, el incremento de la pobreza, la limitación al mercado de trabajo, la sobrecarga en el trabajo de cuidado y la violencia basada en el género.
Una pequeña caracterización del escenario actual en la región, así lo evidencia
Durante la década del 2000, los países de la región experimentaron importantes progresos en relación al crecimiento económico, pero la reducción de la pobreza no avanzó al mismo ritmo, lo que evidencia la concentración de la riqueza en un grupo minoritario; en tanto, las mujeres continúan siendo muy desfavorecidas con las políticas sociales y públicas.
Desde 2015 hasta la actualidad, las tasas de pobreza y pobreza extrema se incrementaron, fundamentalmente para las mujeres. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la CEPAL, mostró en estudios realizados, que las medidas de reducción de la pobreza no han beneficiado de igual manera a hombres y mujeres porque no se ha producido al mismo ritmo. En 2017, por cada 100 hombres que vivían en hogares en situación de pobreza, se registraban 113 mujeres en la misma situación. En el caso de la pobreza extrema, el nivel de estabilidad del índice ha sido similar, ya que registró un leve aumento entre 2014 y 2016, descendió en 2017 y, posteriormente, regresó a un nivel similar al de 2012, alcanzando la cifra de 1,16; es decir, de 116 mujeres por cada 100 hombres (CEPAL, 2019).
La llegada de la pandemia provocó que, al cierre de 2020, alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encontraban en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019, agravado porque los niveles de participación laboral bajaron drásticamente para las mujeres lo que repercute de manera significativa en su autonomía económica, ya que es precisamente este el espacio en el que se genera la mayor parte de los ingresos de las personas (CEPAL, 2021).
El nuevo escenario, profundiza la feminización de la pobreza, rasgo estructural que muestra la insostenibilidad de la vida; 23 millones de mujeres que con la llegada de la pandemia perdieron sus empleos, la capacidad para alimentarse a sí misma y a la familia, el pago de las deudas contraídas, por lo que han tenido que pasar a vivir como nómadas, sin hogar, sin educación por su condición de pobre o de pobreza extrema; acudiendo a la realización de trabajos informales bajo determinadas condiciones infrahumanas, sometiéndose a patrones muy violentos, de discriminación y explotación que denigran su dignidad.
Realidad que, articulada con la mercantilización de la educación, impide hoy que, 118 millones de mujeres en situación de pobreza y pobreza extrema puedan cambiar su estatus social por no tener cómo pagar su educación y que se revierta en el futuro inmediato, las vejaciones que enfrentan cotidianamente por su doble condición: ser mujer y ser pobre; contradiciéndose así, todas las normas y acuerdos internacionales que establecen una educación gratuita y de calidad para todas y todos los miembros de la sociedad.
La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) es un organismo que se encuentra representado por la Secretaria Ejecutiva, Alicia Barcena, la cual señaló: La situación de pobreza de las mujeres de la región está fuertemente relacionada con su participación en el mercado laboral y con las barreras que enfrentan para la realización de actividades remuneradas (CEPAL 2020, s.p.).
La desigualdad social aumenta frenéticamente, constituyendo la división sexual del trabajo un factor que impacta negativamente en el tejiendo social para la exclusión laboral de las mujeres.
En el empleo asalariado los hombres tienen un 61,3% de participación, mientras que las mujeres un 38,7%; como empleadores los hombres tienen un 69,9%, las mujeres 30,1%; trabajador por cuenta propia los hombres 60,1% y las mujeres 39,9%; trabajador familiar auxiliar, los hombres 37,4 % mientras que las mujeres 62,6%; servicio doméstico, los hombres 5,6% y las mujeres 94,4%. (CEPAL, 2017). A lo anterior, se suman otros datos de relevante importancia; el 43,4 por ciento de las mujeres de entre 20 y 59 años no podían desempeñar una tarea remunerada o buscar activamente trabajo formal por razones familiares, ya sea embarazo, cuidado de niños y niñas o personas dependientes, trabajo doméstico o la prohibición por parte de miembros del hogar (Vaca, 2019).
Cifras que continúan mostrando la división sexual del trabajo, y la profundización de estereotipos machistas hacia las mujeres, perpetuándose una construcción social de superioridad del hombre que consolida una distribución desigual de poder y tareas entre ambos géneros, mientras que las actividades domésticas continúan feminizadas, sin remuneración, lo que nos pone en desventaja social en relación al hombre al percibir en la mayoría de los casos, ninguna o menor remuneración por el trabajo desempeñado.
Es por ello que, la lucha de mujeres y feministas en la región, conquistó el acceso al mercado laboral de manera formal. En los últimos años, aumentó un 48,5 por ciento la tasa de participación laboral femenina en el mercado formal de trabajo (Vaca, 2019). Lo cual desciende considerablemente con los efectos de la actual pandemia, aumentando la sobrecarga de trabajo y los estereotipos machistas al interior de los hogares, limitando no solo la situación económica sino también la pérdida de las autonomías, mientras que los maltratos físicos y psicológicos aumentan considerablemente.
Contexto, que convierten en la actualidad a los cuidados y su invisibilización, en tema central de debates y praxis feministas por la sostenibilidad de la vida. Jugando un papel fundamental, la Economía Feminista, quien devela el no reconocimiento económico de esta actividad en la economía tradicional y la naturalización, que el modelo patriarcal mediante el poder y el dominio, de forma subliminar disfraza de “amor a la familia”, la dependencia económica, la violencia de género y la opresión.
Los cuidados se comprenden como el mantenimiento y gestión de las necesidades más básicas y cotidianas que permiten la sostenibilidad de la vida, con sus facetas material y afectiva indisolublemente ligadas, que es imprescindible para todas y cada una de las personas. Esta noción multidimensional de la necesidad de cuidados supone que todas las personas la sienten, en unas u otras dimensiones, con una u otra intensidad. Implica una perspectiva social, de interdependencia a lo largo del ciclo vital. (Alfonso, 2021). En tanto, actividad fundamental en la reproducción de la vida, se defiende que los cuidados se desarrollen mediante la corresponsabilidad colectiva de todas y todos sus miembros, no, una actividad exclusivamente para las mujeres.
Previo a la pandemia, en la región, las mujeres dedicaban un promedio entre 22 y 44 horas semanales a las tareas domésticas y de cuidado. Las mujeres que viven en hogares con privaciones de acceso a agua potable, dedican al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado entre 5 y 12 horas semanales más que las mujeres que tienen acceso a este recurso (CEPAL, 2020b).
La pandemia ha puesto de forma inédita, la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y la poca visibilidad que tiene este sector en las economías de la región y para los sistemas educativos; estos últimos en gran parte de la región, no cuentan con recursos suficientes para proporcionar a las cuidadoras retribución económica, y un servicio gratuito y de calidad, componente fundamental para garantizar la reproducción de la vida. La crisis sanitaria en curso pone en evidencia la injusta organización social de los cuidados en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020b).
Resulta imprescindible, una nueva organización para el trabajo de cuidado, no sólo para que se reproduzca la vida humana, sino que permita a quienes lo ejercen, las mujeres, la vía de acceso a sus instituciones educativas y una instrucción acorde a sus necesidades y a las oportunidades que el contexto ofrece.
Vaca (2019) plantea como entre un 12 y un 66 por ciento —de acuerdo a cada país— de las mujeres de la región no acceden al mercado formal de trabajo por dedicarse plenamente a las tareas de cuidados y al trabajo no remunerado, frente al 6 por ciento de los varones que no acceden al mercado laboral remunerado por dedicarse a esas mismas tareas. Ratificándose la injusta desigualdad que aún se manifiesta en la organización de los cuidados.
Por tanto, existe aún, una profunda desigualdad en términos de ingresos y derechos en relación al trabajo de cuidado y a los empleos formales. Demás está decir que, en el caso de los cuidados, los ingresos y los derechos jamás son suficientes para adquirir la autonomía económica. (Batthyány & Sánchez, 2020). Autonomía económica, que es vital, para mejorar la calidad de vida de las mujeres y por supuesto, la educación.
Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que, 126 millones de mujeres se han visto afectadas, ya sea por el distanciamiento social o por la cuarentena obligatoria (OIT, 2020). Por lo que, la inserción laboral disminuye drásticamente, mientras que el trabajo informal proporciona mayores riesgos para las mujeres, al no estar respaldadas legalmente por las condiciones de trabajo necesarias para su desempeño. La OIT (2020) estima que, de los 130 millones de trabajadores informales, el 53 por ciento son mujeres, por lo que frente a la situación actual enfrentan mayores riesgos para la vida y para el mejoramiento de sus condiciones humanas.
Trabajos informales que al no ser reconocidos jurídicamente, prolifera la explotación; evidenciándose en los bajos salarios, negación de derechos y en especial, las manifestaciones de violencia contra las mujeres, lo que constituye un problema social, cultural y de salud en la contemporaneidad.
En este sentido, numerosas Organizaciones y Organismos Internacionales y Regionales, trabajan arduamente en la sensibilización de poner fin a la violencia de género.
La Convención de Belem do Pará establece que la violencia contra la mujer es “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (OEA, 1994, art. 1). La violencia contra las mujeres incluye la multiplicidad de expresiones de violencia, perpetradores y ámbitos en los que esta puede ejercerse, ya sea en la familia, en la pareja, en la comunidad o en el espacio público, y también incluye aquella que se ejerce por acción, omisión e inacción del Estado (artículo 2).
Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2017), en la Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, señala que la expresión “violencia por razón de género contra la mujer” se utiliza como un término más preciso que pone de manifiesto las causas y los efectos relacionados con el género de la violencia. Se manifiesta en diversos espacios y en múltiples formas.
La discriminación y la violencia por razón de género contra las mujeres, además de constituir una violación de los derechos humanos, afecta la autonomía económica y política de las mujeres latinoamericanas y caribeñas, y se encuentra fuertemente relacionada con la cultura patriarcal que legitima el ejercicio de la violencia masculina (Aguayo y Nascimento, 2018; CEPAL, 2017a).
Si bien la mayoría de los Estados de la región (32 de los 33 países) se han adherido a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y la han ratificado, lo cierto es que su aplicación es muy desigual (Essayag, 2016)
A pesar de las medidas legislativas y programáticas que se llevan a cabo en la región para combatir la violencia de género, no se logra una disminución del fenómeno. Además, una vez adoptada la legislación, surgen nuevos desafíos, como el acceso a la justicia, la necesidad de fortalecer la coordinación institucional y la garantía del financiamiento suficiente para su efectiva implementación (CEPAL, 2016).
En la región —y en el mundo—, las manifestaciones de la violencia por razón de género contra las mujeres son diversas: sexual, física, psicológica y económica. También se expresa en diversos ámbitos de la vida, como sucede en los casos del acoso sexual en el trabajo; la violencia o el acoso sexual en la calle y el transporte público, o la trata de personas. Algunas manifestaciones de violencia en el ámbito de las instituciones son la que sufren las mujeres privadas de libertad, la violencia obstétrica, la violencia contra las mujeres migrantes y la violencia asociada a la diversidad sexual (CEPAL, 2016a).
Igualmente, en el ámbito público, emergen nuevas formas de violencia contra las mismas, que reflejan patrones patriarcales discriminatorios y violentos.
Numerosos ejemplos así lo muestran en la actualidad. La violencia contra las defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente; las personas indígenas y afrodescendientes, migrantes, con discapacidad o lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), entre otras.
La actual pandemia así lo corrobora, el incremento de todas las manifestaciones de violencia, no solo contra las mujeres sino también hacia las niñas y los niños, generan una cultura de la desesperanza en estos grupos etarios, repercutiendo directa o indirectamente en su educación pues aun, cuando tengan las condiciones económicas y materiales para recibir el proceso formativo, en muchos casos abandonan la escuela por temor a las violaciones que contra estos grupos vulnerables se realizan; problemática social sin solución en los diferentes países de la región.
Los factores caracterizados, se articulan hoy fuertemente, y limitan el acceso de las mujeres latinoamericanas y su familia a la educación; la situación socioeconómica conlleva a que las familias tienen que recurrir a la ayuda de sus hijos para generar ingresos familiares.
La cantidad de niños que trabajan se eleva a 160 millones en todo el mundo, tras un aumento de 8,4 millones en los últimos cuatro años y varios millones de niños más se encuentran en situación de riesgo debido a los efectos de la Covid 19, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UNICEF.
En el informe “Trabajo Infantil: estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir”, revela que los niños de 5 a 11 años que trabajan representan algo más de la mitad de los casos de trabajo infantil. Niños que se encuentran en proceso de formación y tienen que trabajar para subsistir, porque los padres y en especial, las madres, no pueden garantizar una vida digna, plena. Niños que, los que logren llegar a la vejez, muchos lo harán sin la oportunidad de recibir educación porque los gastos sociales destinados para la educación en las diversas Naciones Latinoamericanas y del Caribe, son insuficientes para una educación inclusiva. A lo anterior, también se suma la brecha digital, por lo que millones de pobres de todo el mundo y la región no pueden recibir una educación a distancia en tiempo de Pandemia.
De ahí que, el feminismo revolucionario está (…) replanteando los análisis de: la concepción del trabajo (…) realizado por las mujeres y el desarrollo de nuevos enfoques que permitan el análisis global de la sociedad manteniendo como objeto central la sostenibilidad de la vida humana, el bienestar y la calidad de vida de las personas. (Alfonso, 2020). De esta forma, nace la Economía Feminista que representa la construcción de un paradigma alternativo desde la perspectiva de la producción y reproducción de la vida, desde el cual podemos analizar la cuestión de las desigualdades entre hombres y mujeres, “precisamente en el punto de conexión entre condiciones de vida y condiciones de trabajo” (Picchio, 2005)
El cambio en la lógica productiva y reproductiva para la vida, supone un cambio cultural en la actitud hacia el trabajo, no de manera espontáneo ni impositiva, sino creando las condiciones para ampliar el carácter social del trabajo humano. Restablecer el trabajo productivo y reproductivo como principal criterio de distribución, reconocimiento e inclusión social, es un reto. Crear y construir un nuevo modo de vida, una nueva forma de existencia, organización e interrelaciones sociales, sin jerarquías discriminatorias y excluyentes, sin diferencias polarizantes, con interrelaciones sociales de solidaridad basadas en la equidad, con justicia y oportunidades para todas y todas, con el reconocimiento y respeto de las diferentes identidades, culturas, modos de vida, costumbres, inclinaciones sexuales, creencias religiosas, etcétera; con modos de producción, reproducción y acumulación que procuren armonizar la sociedad y la naturaleza. Todo esto se resume y proyecta en la propuesta y apuesta a un mundo de relaciones humanas verdaderamente emancipadas. (Alfonso, 2020).
Conclusiones
De lo que se trata, no es defender o juzgar políticas y fundamentalismos históricos, culturales, religiosos, sino de reconfigurar una realidad que corroe la vida de millones de mujeres que no logran ver la luz al final del túnel porque la organización dominante actual, ahonda la insostenibilidad de la vida mediante la profundización de factores socioeconómicos y culturales que limitan el acceso a una educación más inclusiva y de calidad.
La Educación, transforma vida, pero sin educación no hay vida.
Parafraseando al Apóstol de Cuba, es hora de la marcha unida. Solo la unidad latinoamericana conducirá al cambio, a la transformación de esta difícil realidad. Es hora de que las mujeres, todas, nos pongamos en pie de lucha, de resistencia. Sumemos a los hombres a esta batalla, ellos también, son incorporados a las grandes listas de pobres, desempleados, marginados, explotados, violados. Articulemos acciones desde los diversos posicionamientos. Unámonos todas y todos contra el mal común que nos acecha y nos sumerge en la ignorancia, la pobreza, dependencia económica, violencia de género. ¡Levantemos nuestras voces y rompamos el silencio! Otro mundo mejor, es posible.
Referencias
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CEPAL. Naciones Unidas. (marzo 2017). Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda regional de género en el marco del desarrollo sostenible hacia 2030. http://hdl.handle.net/11362/410111
CEPAL. Naciones Unidas. (2019). Panorama social de América Latina 2019. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47718/1/S2100655_es.pdf
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Picchio, A. (2005). La economía política y la investigación sobre las condiciones de vida en Cairó Céspedes, G., Mayordomo Rico, M., Carrasco Bengoa, C. y Villota Gil, P. Por una economía sobre la vida. Icaria.
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UNICEF (2008). Derecho a la Educación. https://www.unicef.es/causas/mundo/educacion
Conflicto de intereses
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses
Declaración de contribución de autoría
Yanely Barrientos-Leliebre: conceptualización, curación de datos, adquisición de fondos, investigación, metodología, validación, visualización, redacción, revisión
Edeymis Cristóbal-Ramírez: análisis formal, adquisición de fondos, administración del proyecto, recursos, software
[1] Los Gobiernos de la región reconocieron cuatro nudos estructurales constitutivos de las relaciones desiguales de género, como se consigna en la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030: i) la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza en el marco de un crecimiento excluyente; ii) los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y el predominio de la cultura del privilegio; iii) la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, y iv) la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público.
Estos nudos estructurales son consecuencia de la combinación de factores externos y rasgos endógenos que forman parte de las estructuras socioeconómicas y culturales de los países de América Latina y el Caribe. Dado que estos nudos se refuerzan mutuamente y generan complejos sistemas socioeconómicos, culturales y de creencias, van obstaculizando y reduciendo el alcance de las políticas para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres.