La Gestión Pública y su Evolución Dialéctica desde el Pacto de Punto Fijo a la Revolución Bolivariana
Public Management and its Dialectical Evolution from the Punto Fijo Pact to the Bolivarian Revolution
A gestão pública e sua evolução dialética do Punto Fijo à Revolução Bolivariana

*Willmer Chang

*Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Docente Instructor. República Bolivariana de Venezuela. Profesor en geografía e historia. Coordinador docente willmerchang@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8802-8862

Resumen
El presente artículo es resultado de la investigación que lleva por título La Gestión Pública y su Evolución Dialéctica desde el Pacto de Punto Fijo a la Revolución Bolivariana. Tuvo como objetivo indagar sobre la gestión pública y su evolución, así como de las condiciones políticas, sociales y económicas del Estado venezolano desde la era del pacto de Punto Fijo a la Revolución bolivariana. Se contextualizó en el escenario mundial de la globalización y las políticas neoliberales. Recrea las condiciones históricas del proceso en el diseño de políticas públicas desde la tecnocracia bipartidista y el rentismo petrolero. Se utilizó el método dialéctico para evidenciar las relaciones y contradicciones presentes. Finalmente, plantea la tendencia de la Revolución bolivariana en crear nuevos métodos de organización y participación en la planificación.
Palabras clave: Políticas públicas; Dialéctica; Revolución Bolivariana

Abstract
This article is the result of the investigation entitled Public Management and its Dialectical Evolution from the Pact of Punto Fijo to the Bolivarian Revolution. Its objective was to investigate public management and its evolution, as well as the political, social and economic conditions of the Venezuelan State from the era of the Punto Fijo pact to the Bolivarian Revolution. It was contextualized on the world stage of globalization and neoliberal policies. It recreates the historical conditions of the process in the design of public policies from the bipartisan technocracy and oil rentism. The dialectical method was used to highlight the relationships and contradictions present. Finally, it raises the tendency of the Bolivarian Revolution to create new methods of organization and participation in planning.
Keywords: Public policies; Dialectics; Bolivarian revolution

Resumo
O objetivo deste artigo foi investigar a gestão pública e a sua evolução, bem como as condições políticas, sociais e econômicas do Estado venezuelano, desde a era do pacto de Punto Fijo até à Revolução Bolivariana. Foi contextualizado no cenário mundial da globalização e das políticas neoliberais. Recria as condições históricas do processo no desenho de políticas públicas da tecnocracia bipartidária e do lucro do petróleo. O método dialético foi usado para destacar as relações e contradições atuais. Finalmente, levanta a tendência da Revolução Bolivariana para criar novos métodos de organização e participação no planejamento.
Palavras-chave: Políticas públicas; Dialética; Revolução Bolivariana

Introducción

El presente artículo tuvo como objetivo principal proponer una visión dialéctica de la evolución en el proceso de diseño de políticas públicas en la República Bolivariana de Venezuela. Contextualizado en el punto fijismo bipartidista, y la revolución bolivariana. La planificación de un Estado requiere de diversas herramientas de orden estructural, vinculadas a la naturaleza tanto ideológica cómo práctica. Dichas condiciones perfilan el modelo mismo de Estado, teniendo un contexto histórico determinado y un conjunto de actores sociales, políticos y económicos específicos. Dado que las políticas públicas son el resultado del ejercicio del poder por parte de una fracción dominante, conviene comprender la dimensión ideológica que asumen para su planificación.

Por ello, se pude afirmar que, dada la naturaleza del Estado, se evidenciará dicha condición en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Dichas políticas públicas en el entorno tradicional, responden a la proyección del poder del gobierno. Implica evidenciar las aplicaciones prácticas en planes, programas y proyectos para períodos históricos de diversa magnitud, que necesariamente tendrán repercusión en la organización de la sociedad.

Resulta oportuno destacar que la globalización como producto refinado del sistema capitalista ha condicionado en el último período histórico la organización civilizatoria, y la naturaleza de los Estados-nación especialmente, en la concepción de las políticas públicas. Por tanto, para el diseño, planificación, seguimiento y control de los planes, programas y proyectos se hace necesario comprender las características del mismo Estado. También es necesaria una contextualización sobre los actores internos y externos que determinan el proceso de la gestión pública.

Significa entonces que, en la compleja evolución de posturas para la planificación y ejecución de políticas públicas en Venezuela, es imposible separar el elemento del poder y sus conexiones. En este sentido la periodización histórica, permite a través de categorías de análisis referenciar las condiciones de evolución, y sus relacionantes con los distintos modelos políticos. La naturaleza del poder, resume la orientación del Estado, y éste a su vez determina la orientación de los gobiernos o el ejercicio de la gobernanza. Democracia y poder, neoliberalismo y revolución, democracia participativa y democracia protagónica son algunas relaciones dialécticas.

Adicionalmente, es necesaria una visión de la totalidad en el proceso de diseño de políticas públicas. Pues quienes son objeto y sujeto de las mismas, representan las grandes mayorías nacionales. En este sentido, se pretende exponer algunas ideas sobre la evolución de las políticas públicas desde el punto fijismo, hasta la llegada al poder de la revolución bolivariana. Para tales fines, se puntualizan relaciones y contradicciones en el proceso de gobernanza del período histórico 1958-2021. Se conformará una visión dialéctica de las políticas públicas y la gestión del Estado nacional.

Materiales y métodos

El análisis documental, el análisis-síntesis, y el dialéctico son los métodos teóricos utilizados. Ellos permitieron la conceptualización teórica necesaria, y contribuyen a perfeccionar el proceso docente educativo desde asignaturas relacionadas con la historia y la política.

Resultados y discusión

En Venezuela, desde la llegada al poder del bipartidismo de Acción Democrática (AD) y el Comité de Participación Electoral Independiente (COPEI), se aplicaban métodos de administración pública que respondían a la democracia representativa diseñada desde las élites políticas dominantes. En el desarrollo del proceso político venezolano, la actuación bipartidista fundamentó un hito referencial para la comprensión de la cultura social y praxis del poder. El poder es sinónimo del diseño y sustentación del Estado, que atiende a intereses aparentemente nacionales, pero que en su acción práctica respondían a los intereses de clase, tal y como lo señala Marx en su obra El Capital. La relación entre los partidos y el poder se expresan de manera dialéctica, y al respecto:
“Habría en contrario que deslindar si los partidos son un fenómeno autónomo, un episodio del Estado en el ejercicio del dominio político sobre la sociedad, o si, en su defecto, hay una relación dialéctica, una contradicción entre el Estado y los partidos, con una base real de relaciones sociales, las cuales no obstante ser en la vieja tesis la base explicativa del Estado, no han sido, inexplicablemente, vinculadas a la existencia directa de los partidos políticos sin necesidad de recurrir al propio Estado como variable explicativa” (González , 2007, p.7)

Durante el periodo de la llamada era punto fijista, surgen comportamientos colectivos, apreciaciones del sistema social, y acciones derivadas de un condicionamiento de las élites políticas. La aparente alternabilidad democrática, alude a un esquema tradicional del ejercicio de la función del Estado. Dicho ejercicio, tuvo por 40 años actores políticos de dos partidos y una misma realidad: el control y supremacía en las decisiones vitales.

Así pues, AD y COPEI, están íntimamente relacionados con la naturaleza del Estado liberal burgués desde 1958. Asumen papel protagónico en un sistema más complejo, que experimenta las vinculaciones con el sistema hegemónico dominante occidental. Por tanto, la expresión venezolana de ese dominio está caracterizada por dichos partidos tradicionales.

Los efectos del poder y la gobernanza en el periodo punto fijista, se sintetizan en la condición supremacista de las élites políticas: “las élites gobernantes, atadas a una estructura y a un pensamiento neocolonial no impulsaron una política industrial, una política de ciencia y tecnología y mucho menos una política de desarrollo territorial o regional. En su agenda dependentista no apareció nunca la ciencia y la tecnología y su impacto en el desarrollo social y cultural del país, en cuanto a la agregación del conocimiento a la producción” (Bigot, 2011, p. 10) Además señala el autor que la responsabilidad en la dependencia del modelo de desarrollo venezolano, es consecuencia de dicha conducta.

Dicha dependencia de la élite política trajo como consecuencia un modelo de planificación nacional muy ineficiente. Caracterizado por no ser independiente, y que no se conectaba con las verdaderas necesidades sociales de la población. Se adoptaron tendencias regionales en el diseño de las políticas públicas. A su vez, se relacionaban con una visión del mundo desde centros hegemónicos de poder hemisférico como los Estados Unidos de Norteamérica y Europa.

En esta visión de dependencia posterior a la segunda guerra mundial, el desarrollo tecnológico y productivo estuvo supeditado a los lineamientos de la industria anglo sajona. Se le denomina teoría de la dependencia. Las políticas públicas representaban la visión de gobernanza de los partidos del bipartidismo. Progresivamente se alejan del interés nacional, para convertirse en intereses de élites políticas foráneas.

Otro de los aspectos para comprender a la gestión pública del Estado durante la democracia representativa, es la cultura rentística petrolera. Se sustentó un arraigado modelo dependiente de la llamada renta petrolera. Fue impuesta por el mismo interés mundial de especializar a las naciones en una determinada actividad económica. En el caso de Venezuela, fue el de un seguro proveedor de materia prima energética.

De tal manera que la renta petrolera entonces, se convierte en el elemento estructural de los presupuestos de la nación. Y por extensión, de la posibilidad de aplicación de las políticas públicas. Al respecto: “La discusión sobre el uso adecuado de la renta petrolera ha tendido a girar, de acuerdo con expertos en el área, en torno a si esta debe dirigirse a la inversión o al gasto social. Resulta obvio que no se trata de opciones necesariamente excluyentes, sino del mayor o menor énfasis colocado en cada una de ellas, según el proyecto nacional de cada gobierno.” (Peña, 2017, p. 18)

El denominado gasto social, es una de las posturas de la escuela neoliberal, donde se cataloga a las políticas sociales de atención como gasto. Alejándose de la verdadera intención de una política pública, la cual es resolver necesidades en la población. En cuanto al termino inversión, se refiere a las condiciones estructurales que cada gobierno asigna a sus prioridades. “No cabe duda que el rentismo petrolero, bajo la condición englobante del término, moldea prácticamente la vida económica, política, social, institucional y, tal vez, cultural del país. Como fenómeno, ha atravesado distintas fases durante la era petrolera venezolana, pero se encuentra hoy en día en una de sus etapas más críticas” (Peña, 2017, p. 10)

El rentismo petrolero determina las condiciones de la gobernanza en el periodo del pacto de punto fijo. Incluso en los actuales momentos, pues es la fuente primaria del ingreso y músculo financiero nacional. A partir de ese modelo toda la acción del Estado se asociaba al negocio petrolero. Las políticas económicas y sociales respondían a patrones continentales, que progresivamente tutelaron la acción de los gobiernos en el continente. Los actores políticos eran auspiciados por los intereses de grandes corporaciones petroleras mundiales.

La teoría económica burguesa supone que “las ventajas relativas en la producción de algún bien de que gozan los diferentes miembros del sistema mundial constituye el motivo de los intercambios entre ellos” (Rofinelli, 2007, p. 41) En una contradicción dialéctica, la democracia representativa auspicia la menor existencia del Estado. Esto da paso al sector privado de la economía, principalmente transnacional, y al mercado para resolver las necesidades de la población. Es una característica de la teoría económica burguesa y neoliberal. La república venezolana solo se limitaba a suministrar materia prima energética de origen petrolero.

Por otro lado, esto generó una limitación del verdadero desarrollo y de su capacidad productiva. Tuvo impacto en los sectores industrial, agrícola y comercial. Las políticas públicas en el periodo del pacto de punto fijo auspiciaron los enclaves de importación y transnacionalización económica. La explotación transnacionalizada de los hidrocarburos en dicho período de nuestro país, responde al elemento articulador y de sustento al modelo político. Entendiendo que la viabilidad del modelo político está en la estructura económica, la superestructura permite evidenciar una contradicción nacional-foránea en el diseño de políticas económicas. Se atizó la contradicción centro-periferia, que alude a un conjunto de acciones geopolíticas en la región natural de dominio estadounidense.

Además, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) se convirtió en el mecanismo que captaba la renta producto del negocio petrolero. Pero que no necesariamente propiciaba el retorno de éste capital a los beneficios sociales u obras de impacto para la población en general. Sobre el negocio petrolero, y su incidencia sobre el presupuesto nacional: “en el plano más concreto, esta situación produjo la conformación de un sistema fiscal distorsionado, con bajos o nulos aportes al fisco nacional, tanto por la PDVSA nacionalizada en 1975 como por las compañías internacionales de petróleo. La deformada y dependiente estructura del sector petrolero nacional venezolano no hubiese podido articularse a la economía nacional, debido a que su visión de futuro la imposibilitaba para constituirse como pivote para el desarrollo económico y social” (Domínguez y Romero, 2012, p. 194).

PDVSA no era necesariamente una empresa nacional, ya que la mayoría de sus inversiones de capital estaban bajo la influencia o dominio de capital transnacional. De ahí que la renta petrolera no retornaba para la aplicación de las políticas públicas del Estado nacional. Se configuró una confrontación entre los sectores que reclamaban el recurso petrolero en beneficios sociales, y quienes abogaban por la internacionalización de los recursos de la empresa estatal.

Los criterios de polarización se agudizan en la democracia representativa burguesa. Ambos extremos partidistas, a pesar de una rivalidad aparente, son parte de un mismo sistema de reproducción de la dominación y de tutelaje externo. La corrupción, el desconocimiento de las necesidades de la población, y acciones depredadoras de las riquezas nacionales caracterizan al modelo de gestión de la partidocracia. Posteriormente, se transformó en tecnocracia, desde la visión neoliberal del Estado.

La tecnocracia no sólo fue ejecutada en PDVSA, sino que se convirtió en una tendencia en todas las empresas estatales, organismos e instituciones. Así como en los entes que desarrollaban las políticas públicas y sus entornos de ejecución. La tecnificación del hecho social, no daba respuesta efectiva a los problemas. Se seguían patrones financieros, fiscales y operativos muy burocráticos, sin que se pudieran solventar los problemas estructurales.

Finalmente, el elemento de burocracia tecnocrática configuró un escenario de acciones equivocadas, sometidas a los designios de modelos políticos y económicos ajenos a la realidad venezolana. Trajo como consecuencia una imprecisa comprensión de las necesidades sociales de la Venezuela punto fijista.

COPRE: un intento de reforma a destiempo
Como toda dinámica política y económica, el sistema representativo condicionó el diseño, gestión, y aplicación de políticas públicas. Los mecanismos de contraloría y fiscalización de dichas políticas no podían separarse del entorno partidista, lo que derivó en una implosión del sistema. En la década de los años 80, se implementaron políticas públicas desde el modelo tecnocrático neoliberal. Resalta una élite universitaria que se identificaban con la doctrina neoliberal y la globalización económica. Tenían específicas tendencias teóricas sobre la economía y el Estado.
El influjo de la globalización neoliberal cautivó a algunas de las escuelas económicas en los países denominados periféricos. En referencia a este fenómeno mundial: “El modelo neoliberal como teoría económica no fue producido en el tercer mundo sino en las universidades del primer mundo, con su ciencia y su filosofía. La política, para poder ser implementada en la realidad, también fue creada e impulsada por países del primer mundo, cuyos políticos, militares, funcionarios e intelectuales fueron formados en sus universidades” (Bautista, 2014, p. 13).

Las élites universitarias formadas en las escuelas económicas de los Estados Unidos de Norteamérica, ejercerían luego posiciones en los gobiernos del pacto de punto fijo. Serían los responsables de las políticas públicas arraigadas a la hegemonía capitalista mundial. Su premisa era la reducción del poder del Estado, y exaltar el papel del mercado en la resolución de los problemas e la economía.

El Estado venezolano comienza desde 1984 un intento por reinventarse a través de la COPRE (comisión para la reforma del Estado), con un proceso de descentralización aparente de la gestión pública. La descentralización tiene como objetivo acercar el ejercicio del poder a las mayorías. Sin embargo, posee limitantes en su ejecución concreta.

Las acciones de la COPRE, promueven la reevaluación del territorio y el análisis de la población electoral. Deviene en el voto directo para elegir las autoridades regionales y municipales. Caso tardío para 40 años de imposición, que no da respuesta a la crisis nacional. Existe una crisis estructural del sistema representativo, que tiene la síntesis en 1989 con la explosión popular en varias ciudades del país.

Las grandes desigualdades existentes en la Venezuela de los años ochenta, son el común denominador en los sectores populares. Los factores de poder interno durante ese periodo histórico, se debaten entre los liderazgos incipientes, y las ancestrales élites que asumen su rol de supremacía histórica. Surgen corrientes dentro de los partidos tradicionales que simpatizaban con las tendencias de centro derecha, el ecologismo, y las posturas intermedias.

Sin embargo, no logran capitalizar el interés de los votantes, ni mucho menos de las diversas manifestaciones populares espontáneas. Uno de los problemas fundamentales que enfrentaron los gobiernos del punto fijismo, fue la deslegitimización de la autoridad y la pérdida de la confianza en el liderazgo. La institucionalidad se ve erosionada con la explosión social de 1989. Deviene en ingobernabilidad, y la inviabilidad para ejercer el poder. Con referencia a ello: “El 27 de febrero y los días posteriores y las rebeliones militares del año 1992 develan la exacta realidad de exclusión y miseria a la cual, las alianzas en el poder (Partidos Políticos, Fedecámaras, CTV, la Iglesia y la Jerarquía militar) habían condenado a las grandes mayorías de venezolanos” (Bigott, 2011, p. 12)

El Estado nacional termina por propiciar la descomposición del poder tradicional, y evoluciona a un antagonismo entre los polos en disputa. Trae consecuencias dramáticas para el sostenimiento del sistema bipartidista. Carlos Andrés Pérez es separado de su condición de caudillo partidista, y pone en juego la supervivencia de su entorno. Durante una breve transición, el poder político queda en manos de una coalición diversa, originada por la fragmentación de los partidos tradicionales.

La gobernanza es asumida por uno de los representantes de ese mismo modelo bipartidista, el líder social cristiano Rafael Caldera. Sin embrago, la síntesis histórica perfila posteriormente, la irrupción de una tendencia política que es propia de las raíces de nuestra historia y comprensión nacional: el Bolivarianismo.
El proyecto Bolivariano y su estrategia. Contexto histórico

Las fuerzas originarias bolivarianas de 1989 y 1992 como parte del alzamiento popular y militar, se convierten en un movimiento de diversos ámbitos. Estos tienen por objeto desarrollar las bases de un nuevo Estado y la refundación de la República. Se plantean diseñar estrategias para la toma del poder a través de la participación política. Asumen la necesidad de construir un nuevo sujeto histórico y social en atención a un nuevo liderazgo que ejerciera la dirección de los asuntos nacionales.

De este modo, en 1998 con la postulación del Comandante Chávez, se consolidan estos objetivos vitales. Con la agenda alternativa bolivariana, se asume la lucha por captar la atención del colectivo, en una creciente difusión de las ideas novedosas en materia de políticas públicas, participación, sufragio y condiciones igualitarias. Esto consolida un proceso constituyente, que deriva en un contrato social. A partir de 1999, se propició la incorporación de todos los sectores nacionales en la discusión. En el texto constitucional se recogen principios esenciales y fundamentales. A tales efectos, el artículo 5 contempla lo siguiente:

La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

La soberanía es entendida como la acción directa del pueblo, en un ordenamiento jurídico que permite el ejercicio de las mayorías. Reconoce el carácter popular de las instituciones. En ella, la proyección del poder implica un ejercicio real, y considera el elemento de la soberanía como función intransferible dentro de la acción del pueblo.

De tal manera que, este concepto sirvió para darle una forma coherente para construir un nuevo paradigma histórico-nacional de democracia. Allí se circunscribe el tema del ideal bolivariano, y la democracia participativa y protagónica. Así como las nuevas formas de organizar la planificación del Estado y las políticas públicas.

De igual modo, en su artículo 4 la carta magna plantea que: la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados por esta constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Un elemento inédito, es precisamente la corresponsabilidad, que implica la interacción de popular en la resolución de las necesidades nacionales, y por ende de la gestión pública.

En consecuencia, la aprobación de la Constitución Bolivariana en 1999, trajo consigo grandes cambios paradigmáticos en el modelo de Estado existente. Al pasar de una democracia representativa, a una democracia participativa y protagónica. Fundamentándose la noción de la corresponsabilidad, en la que la gestión pública no se limitaba a la gestión de las instituciones del Estado sino que involucraba a la sociedad en la gestión de lo público. La República Bolivariana de Venezuela se constituyó en un estado social soberano de derecho y de justicia, fundamentado en los lineamientos ideológico-filosóficos de la doctrina de El Libertador Simón Bolívar.

El Principio de corresponsabilidad nace del rompimiento de la clásica dicotomía liberal Estado-sociedad civil. La esfera pública no se circunscribe exclusivamente a la burocracia del Estado, pues se involucra directamente la sociedad organizada. La iniciativa del Socialismo bolivariano, planteó una perspectiva estratégica, con una visión diferente de lo que debe ser la civilización humana. Incorporó políticas de inclusión social y misiones que respondían a las necesidades concretas de la población.

En el texto constitucional se recoge una nueva narrativa, apuntando hacía la suprema felicidad social, la mayor suma de felicidad, y la mayor suma de estabilidad política. El ser humano como ser histórico, tiene diversos tipos de relaciones. Relaciones políticas, relaciones culturales, y relaciones ideológicas culturales en espacio determinado, y con características diferenciadas. De este concepto de la comunidad, se vale precisamente la revolución bolivariana para el planteamiento del Estado Comunal.

Lo geohistórico y la comuna
La metodología del enfoque geohistórico planteado por Tovar (1986) implica la interacción de lo temporal y lo espacial y lo diacrónico y lo sincrónico. Se aborda el hecho social desde la realidad concreta. De lo que se observa fácilmente en el entorno, de lo que se vive, interrelacionando diversos componentes, ramas y disciplinas necesarias para dar explicación al espacio geográfico como una construcción de la sociedad.

Es preciso acotar que la comunidad puede definirse como un espacio diferenciado que funciona como un sistema y un conjunto de elementos interrelacionados. La comunidad se interrelaciona en diversas escalas, como la nacional, regional, local y la comunidad o poder popular. Ésta última instancia con características geográficas e históricas particulares. Con respecto al espacio: “es la relación entre la Geografía y la Historia; una modalidad de interdisciplinariedad obligante en el estudio del espacio y su dinámica. Lo geográfico forma parte del proceso integral y necesita de la historia para ser explicado socialmente. En consecuencia, lo geohistórico es proceso, contingente activo” (Santaella, 2005, p. 59)

El enfoque geohistórico permitiría el diseño políticas públicas que sean pertinentes a la realidad de la comunidad. Dado que es el resultado de una construcción social, coincidiendo con el objeto de la comuna como forma de organización territorial y política.

La explosión del poder popular. Propuesta de la nueva forma de gestión y planificación pública: la comuna
El modelo político se planteó una nueva manera de incorporar a las mayorías en el ejercicio del poder. Implicaba la necesidad de acercar las competencias al pueblo soberano para el ejercicio de la gobernanza. El socialismo bolivariano experimenta una explosión en todos ámbitos a partir del año 2006. Fecha en la que el Comandante Hugo Chávez pone sobre la mesa la organización popular.

Comienza a gestase la comprensión del Estado comunal. Ésta premisa implicaba la participación del poder popular como elemento dinamizador desde las comunidades. Los consejos comunales comienzan a tener forma, y se implementan un conjunto de elementos jurídicos para sostener el modelo. La ley orgánica de las comunas, en su Artículo 1 plantea el objeto de su existencia, y a tales efectos plantea lo siguiente:

La presente Ley tiene por objeto desarrollar y fortalecer el Poder Popular, estableciendo las normas que regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento de la Comuna, como entidad local donde los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del Poder Popular, ejercen el pleno derecho de la soberanía y desarrollan la participación protagónica mediante formas de autogobierno para la edificación del estado comunal, en el marco del Estado democrático y social de derecho y de justicia.

El sustento jurídico del poder popular sirvió de plataforma para la participación en las comunidades venezolanas. Todo esto para avanzar a una nueva forma de implementar las políticas públicas. A partir de esta experiencia, hemos tenido avances en materia de inclusión. La aplicación de grandes misiones sociales logró allanar el camino a la inmensa deuda social heredada del bipartidismo.

La ley orgánica de las comunas en su Artículo 4, numeral 10 define al Estado comunal, siendo relevante para la interacción con el Estado democrático, social de derecho y de justicia contemplado en la constitución bolivariana, y establece lo siguiente:

Estado comunal: Forma de organización político-social, fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, a través de los autogobierno comunales, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno y sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del estado comunal es la Comuna.

En el artículo anterior es posible comprender que la definición de Estado Comunal también se vincula con el Estado nacional en la constitución. Agrega elementos como la propiedad social y el modelo de desarrollo endógeno. Mecanismos que apuntan a una nueva forma de organización, planificación y ejecución de políticas y gestión pública. En correspondencia con el concepto de Estado comunal como elemento político: “la propuesta del Estado comunal en la perspectiva de la revolución bolivariana, implica la condición alterna de una escala de poder, en donde el colectivo participa activamente en las decisiones y de la praxis del mismo poder del Estado, sin que esto signifique el antagonismo con el Estado nacional” (Chang , 2014, p. 2)

La ley orgánica de las comunas (2010) hace una definición clara del mecanismo de participación, y en su artículo 5 plantea que: es un espacio socialista que, como entidad local, es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

De ahí la significación y dimensión política que ostenta la comuna desde la praxis genuina del poder. En atención a una organización eficiente que garantice la participación en las bases territoriales de las comunidades empoderadas. En el mismo orden de ideas, sobre la connotación de orden conceptual de la comuna y la Constitución nacional: “es una instancia que complementa las competencias, atribuciones y acciones del poder popular, contemplado dentro de las nuevas formas de organización y participación expresadas en el proyecto nacional” (Chang, 2014, p. 3).

Es claro que la comuna no implica la eliminación de iniciativas productivas privadas. Por lo contrario, reconoce otras formas de propiedad, tales como la propiedad mixta, la propiedad comunal, y la propiedad social. La interacción del soberano con sus instituciones, es precisamente la característica del poder constituyente. Es una construcción de orden social, y permite la dimensión horizontal del poder. Por su parte, la ley orgánica del poder popular establece en su artículo 1 lo siguiente:

La presente Ley tiene por objeto desarrollar y consolidar el Poder Popular, generando condiciones objetivas a través de los diversos medios de participación y organización establecidos en la Constitución de la República, en la ley y los que surjan de la iniciativa popular, para que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan el pleno derecho a la soberanía, la democracia participativa, protagónica y corresponsable, así como a la constitución de formas de autogobierno comunitarias y comunales, para el ejercicio directo del poder.

En dicho artículo se reconocen las vías para la participación popular. De igual modo, la ley de las comunas establece una relación con el ordenamiento jurídico de la constitución bolivariana. Tiene como referencia las formas de autogobierno. La forma de participación en las acciones de la gestión pública, tendrían el necesario carácter popular, siendo vinculante con el Estado nacional. Establece también en su artículo 6 el ámbito de aplicación de la misma, y contempla que:

Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a todas las organizaciones, expresiones y ámbitos del Poder Popular, ejercidas directa o indirectamente por las personas, las comunidades, los sectores sociales, la sociedad en general y las situaciones que afecten el interés colectivo, acatando el principio de legalidad en la formación, ejecución y control de la gestión pública.

En este sentido la ley reconoce que las instancias del poder popular tienen plena vigencia y concordancia dentro de los términos de la gestión pública. las organizaciones populares resaltan en el ejercicio de la democracia participativa, amparadas desde la figura jurídica de dicho poder. Al igual que el Estado comunal, el consejo Federal de Gobierno es uno de los mecanismos para la nueva gestión pública. El Consejo Federal de Gobierno está compuesto por los poderes municipales, estatales y nacionales de la República Bolivariana de Venezuela. Su objetivo es profundizar el proceso descentralizador del Estado. Del mismo modo, la ley orgánica del Consejo Federal de Gobierno en su artículo 1 nos plantea que:

La presente Ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Consejo Federal de Gobierno y, en virtud de ello, y a fin de desarrollar las competencias que el texto constitucional le ha trazado, establecer los lineamientos de la planificación y coordinación de las políticas y acciones necesarias para el adecuado desarrollo regional. Igualmente, atiende al establecimiento del régimen para la transferencia de las competencias entre los entes territoriales, y a las organizaciones detentadoras de la soberanía originaria del Estado.

Esta instancia de organización alude al modelo federal, modelo que sirve de referencia para comprender la interacción de las regiones y el poder central. Reconoce la existencia de las organizaciones que ostentan el poder. Teniendo especial interés en la transferencia de las competencias a dichas instancias. El Fondo de Compensación interterritorial, establecido en el artículo 3 de la ley del Consejo Federal de Gobierno, está destinado al financiamiento de inversiones públicas. Se utilizan para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales. Las competencias de gobernanza estarán dirigidas también a fortalecer el ejercicio del poder popular. A tales efectos la ley plantea que:

Artículo 7. La transferencia de competencias es la vía para lograr el fortalecimiento de las organizaciones de base del Poder Popular y el desarrollo armónico de los Distritos Motores de Desarrollo y regiones del país, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

Las condiciones de transferencia de dichas competencias en esta instancia del gobierno federal, implican reconocer las organizaciones que emanan del poder popular. Existiendo una vinculación con el plan nacional de desarrollo y del modelo político y social. Es necesario potenciar los mecanismos de participación en todos sus niveles. La planificación de políticas públicas en la Venezuela bolivariana, requiere de una constante revisión y búsqueda de mecanismos que garanticen la suprema felicidad social y la estabilidad política.

Es una lucha constante contra los vestigios existentes del modelo político heredado en las instituciones del Estado. Y contra la tecnocracia, burocracia y la ineficiencia. Apelando a un concepto crítico, vinculado a la realidad actual: “la tecnocracia no sólo es la consecuencia de la ineficiencia de la política y de los políticos tradicionales, sino también el corolario lógico del arrasamiento ideológico que ha provocado la Gran Recesión del siglo XXI” (Zarzalejos, 2012, p. 10)

Esto supone entonces, poder entender las serias limitaciones de los modelos políticos que no logran remontar esas condiciones de ineficiencia y tecnocracia. Lo que abre paso a la necesidad de seguir profundizando la construcción colectiva de un nuevo Estado. Desde lo comunal y lo local, en nuestro criterio. La dimensión concreta del Socialismo bolivariano debe expresarse en el territorio. Debe vincularse con la incesante participación del soberano poder popular para finiquitar las inmensas asimetrías con respecto al poder constituido.

Resultados obtenidos

El Estado Comunal debe impulsar toda forma de organización política, y rescatar la participación popular como un activo común. Dentro de las ideas que hemos presentado, deben revolucionarse también todas las instituciones, la articulación entre ellas debe ser dialéctica y flexible. El Estado comunal, las comunas y los consejos comunales, serán la mayor muestra de que transitamos hacia el socialismo bolivariano. La transferencia progresiva del poder real de ejecución a las comunidades debe ser el referente de la descentralización del Estado.

No se concibe al Socialismo bolivariano sin la participación de las mayorías. Se debe aupar la participación popular, y la responsabilidad que tenemos frente a las acciones de ejercicio del poder. La síntesis entre el poder constituido y el poder constituyente, sería la comuna. Las relaciones de esta nueva forma de participación, conllevan a la activación de la conciencia, y del reconocimiento de que la participación es el camino para profundizar el poder popular.

La reciente iniciativa del poder legislativo de impulsar la ley de ciudades comunales, permitirá acercar la visión del Estado social, democrático, de derecho y de justicia que perfila la constitución nacional. Es un escenario ideal para que el poder popular asuma el papel protagónico en la nueva relación de poder, y que ejerza preponderancia en el diseño y ejecución de políticas públicas.

Finalmente, Estamos en pleno proceso de construcción del Socialismo bolivariano, en un contexto de asedio permanente, bloqueo, coerción, asfixia, y persecución del modelo de participación popular y comunal. Todo ello, con la acción de intereses de poder y de los actores tradicionales. De igual modo, es imperante frenar los nexos que aún persisten con el Estado liberal burgués.

Referencias

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